El presidente de la república, Gustavo Petro afirmó que asumirá el manejo de los servicios públicos domiciliarios en el  país, debido a que las políticas trazadas por el gobierno no han tenido eco en las comisiones que manejan la regulación de estos recursos.

El mandatario recordó que es deber constitucional de acuerdo a lo que señala el articulo 370 de la Constitución de 1991, que dice: “Corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten”.

Cómo se sabe los servicios públicos domiciliarios en el país, mas concretamente agua, energía y gas fueron privatizados durante el gobierno de Cesar Gaviria y se nombraron unas comisiones y superintendencia para regular y vigilar el cobro y la prestación de los servicios. Sin embargo, estas comisiones como la CREG, han venido durante años beneficiando a los concesionarios, entregándoles todas las prebendas, sin mirar el perjuicio que causan a los usuarios.

Pese a que los servicios que se prestan a la comunidad, agua, energía  y gas son sacados de los recursos naturales del país, que son propiedad de todos los colombianos,  los concesionarios de la noche a la mañana se convirtieron en dueños y señores de las empresas y las manejan a su antojo y capricho, con el contubernio de pasadas administraciones nacionales, aplicando tarifas impagables y prestando pésimos servicios, convirtiéndose muchas de estas empresas en “nidos” de corrupción, donde sus socios y administradores se han convertido en nuevos multimillonarios desangrando el bolsillo de los inermes usuarios, sin que autoridad alguna ponga freno a estos atropellos, tal y como ha venido ocurriendo en toda la región de la costa norte colombiana.

Ojalá y el actual gobierno “meta mano” a esta situación que padecen millones de colombianos en el país y podamos al fin contar con unos servicios públicos eficientes y a precios accesibles, de acuerdo a la capacidad económica de cada usuario o grupo familiar.