En un nuevo episodio de tensión entre el Ejecutivo y los organismos de control mediático, el presidente Gustavo Petro rechazó hoy la decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de no autorizar la transmisión televisiva de su próxima alocución, y afirmó que si persiste el bloqueo recurrirá a la plaza pública para comunicarse con el país.

Según informó la CRC, la solicitud presentada por la Presidencia no cumplía con los criterios exigidos por la normativa vigente —particularmente los del carácter de urgencia, la excepcionalidad y la delimitación temática— para justificar la interrupción de la programación habitual en los canales de televisión abierta. La entidad subrayó que su determinación no implica una restricción a la libertad de expresión presidencial, sino el cumplimiento de una orden emitida por el Consejo de Estado para que dichas transmisiones estén sujetas a filtros técnicos y jurídicos.

La negativa ocurre en el contexto de una determinación reciente del Consejo de Estado que obliga a la CRC a regular las alocuciones presidenciales y limitar su uso abusivo. Además, en abril de este año, el Consejo de Estado ya prohibió que los consejos de ministros se trasmitieran por canales privados, considerándolos un monopolio informativo que restringía el derecho ciudadano a la diversidad de contenidos.

“Me censuraron en mi propio país”, denuncia el presidente

La respuesta del presidente Petro no se hizo esperar. En redes sociales y vía comunicados oficiales, calificó la decisión de la CRC como un acto de censura institucional e inédita en su contra. “El presidente de la República de Colombia ha sido censurado en su propio país”, sostuvo, y convocó a juristas nacionales e internacionales a acompañarlo “a romper la censura en Colombia”. Reiteró que planea difundir su mensaje a las 7:00 p.m. por canales oficiales y la señal de RTVC, y advirtió que, si la vía televisiva sigue cerrada, acudirá físicamente al espacio público: “Si el presidente no puede hablar por televisión, entonces tendrá que hacerlo desde la plaza pública”.

Petro también apuntó contra magistrados del Consejo de Estado y la CRC, a quienes acusó de violar la Convención Americana de Derechos Humanos e incurrir en prevaricato. Según su versión, detrás del veto mediático se esconden intereses de mafias que buscan recobrar el poder y frenar el avance del “poder constituyente y popular”.

Una pugna entre regulación y vocería presidencial

El pulso abierto entre la Presidencia y la CRC abre un debate delicado: hasta dónde puede el Estado intervenir en la transmisión de mensajes oficiales sin incidir en la censura, y hasta qué punto un presidente puede usar recursos institucionales para llegar directamente a la ciudadanía.

Para la CRC, la negativa responde a una interpretación técnica de los límites fijados por la Corte y el Consejo de Estado: no basta con tener temas de interés público, debe demostrarse urgencia real e inaplazable para justificar que un mensaje presidencial interrumpa la programación regular.

Para Petro, en cambio, la negativa configura una censura previa que vulnera su derecho a dirigirse al país y agravia la institucionalidad democrática. La amenaza de acudir a plazas públicas como alternativa revela un panorama de escalamiento en la confrontación entre el Ejecutivo y los poderes reguladores.

El reto para los juristas y la ciudadanía

El presidente dijo haber solicitado el respaldo de juristas nacionales e internacionales para interponer acciones legales contra esta medida de permiso previo. Su llamado se dirige tanto al ámbito jurídico como al social: si los canales oficiales están cerrados, la militancia política y la ciudadanía están convocadas a “abrir la voz” por otros medios.

Frente al reclamo presidencial, la población y los órganos de control observan con atención: cómo se define la frontera entre regulación legítima de espectro público y censura, y en qué condiciones un presidente puede —o no— utilizar la televisión pública como megáfono político. En los próximos días se espera que la CRC o la Justicia respondan con decisiones claras que no solo definan este caso, sino que tracen criterios definitivos para futuros gobiernos.