Por Norman Alarcón
No es claro el panorama para la empresa AIR-E intervenida hace ya más de un año por la Superservicios. Señalan informes oficiales que sus deudas eran de $1.9 billones antes de la toma de posesión más $1.7 billones después de la intervención, para un total de $3.6 billones de pesos. Los mayores acreedores son los generadores de energía, principalmente las termoeléctricas, a las que les adeuda $920.000 millones de pesos. Las deudas anteriores a la toma de posesión de la Súper deberán esperar la liquidación para ver qué se puede salvar. En cambio, las deudas posteriores a la intervención no dan espera, ya que de lo contrario se podría pasar de la insolvencia a un apagón financiero y luego a un apagón físico y desencadenar una crisis sistémica en todo el conjunto eléctrico nacional.
Los lineamientos constitucionales y legales son muy claros. El artículo 365 de la Constitución Nacional señala que “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”. Y la Ley 142 de 1994 en su artículo 61 establece que la autoridad competente deberá “asegurar la continuidad en la prestación del servicio” en las empresas intervenidas. Para tal fin se creó el Fondo Empresarial de la Superservicios, que “tiene como función principal financiar a empresas prestadoras de servicios públicos que se encuentren en toma de posesión, para apoyar la prestación continua del servicio y el pago de las obligaciones”. Es precisamente lo que ha venido incumpliendo el gobierno nacional.
En vez de utilizar al Fondo Empresarial para financiar adecuadamente a AIR-E intervenida y pagar las deudas posteriores a la toma de posesión, funcionarios de alto nivel del gobierno nacional han lanzado lo que llamó la viceministra de Minas y Energía, Karen Schutt “lluvias de ideas” en el pasado Foro Nacional de Andeg en Barranquilla, cuando va más de un año de la intervención. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ha planteado la posibilidad de que AIR-E pase a manos de Gecelca, generadora de energía eléctrica a base de carbón en sus plantas de La Guajira y Córdoba. Propone transferir los activos y pasivos de AIR-E a Gecelca, pero “con costo cero” sin que haya un pago directo entre las compañías, pero agrega que “Gecelca recibiría la infraestructura, las redes, y el personal, así como tendría que atender las obligaciones pendientes”.
Esta propuesta encierra unos peros delicados. Empezando porque Gecelca es una generadora sin experiencia en la distribución y comercialización de energía eléctrica. Se la obligará también a asumir las obligaciones pendientes después de la intervención, como las deudas a las generadoras por 1.5 billones de pesos, las cuales quedarían congeladas hasta nueva orden y perjudicadas las productoras de energía Tebsa, Termoflores y Termocandelaria, lo cual traería riesgos gravísimos para los colombianos.
La Liga Nacional de Usuarios insta al gobierno nacional a actuar con responsabilidad, teniendo en cuenta la gravedad del momento y las herramientas de que dispone. En primer lugar, hay que estabilizar a AIR-E, hoy en insolvencia económica, y evitar el colapso; hacer uso del Fondo Empresarial de la Superservicios, como lo hicieron gobiernos anteriores con Electricaribe en liquidación, que está autorizado por la ley para solicitar liquidez al gobierno y adquirir créditos internos o externos para sufragar las deudas que agobian a AIR-E; utilizar diversas fuentes de recursos para acometer la modernización de la infraestructura eléctrica obsoleta de la Región Caribe, importante territorio de más de doce millones de pobladores y un extenso sector productivo, con el cual todos los gobiernos, sin excepción, han contraído una deuda histórica.
Después de apalancar las actividades de AIR-E y estabilizada su situación, diversas voces de las fuerzas vivas y autoridades de la región han propuesto establecer una empresa de carácter regional para el sector eléctrico, teniendo en cuenta las empresas públicas regionales como Gecelca, hidroeléctrica de Urrá, Transelca, AIR-E, AFINIA, etc., ya que el artículo 298 de la Ley 1955 de 2019 permite la integración vertical en el sector eléctrico, antes prohibida por la Ley 143 de 1994.
La solución a la crisis eléctrica de la Costa Caribe se resuelva es con ingentes recursos, en forma perentoria, a través de las herramientas legales ya anotadas. Lo que se requiere es ¡Oxígeno para AIR-E!
