Por Alberto Luna A
- Las tres firmas participantes en el concurso de proponentes tenían relaciones mercantiles entre si. el jefe de compras era accionista de una de ellas.
El actual ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, quien esta denunciado porque durante la época que fue interventor de la empresa Air-e, firmó un contrato para intermediar el suministro de materiales por 14 mil millones de pesos, con una empresa de garaje, denominada Consorcio Suministros Eléctricos de Colombia SEC. Firma que se había constituido veinte días antes de suscribir el contrato y sin ningún tipo de experiencia al respecto. Además de que operaba desde una simple vivienda ubicada al sur de Bogotá.
A lo que se le suma el nombramiento por Palma de un primo hermano, Juan Pablo Nieto Egea, como gerente contable de la empresa Air-e, lo cual viola según expertos jurídicos, el artículo 126 de la Constitución Nacional, que prohíbe a los servidores públicos nombrar familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. Esto debido a que, aunque el cargo de interventor no figura en la nómina estatal, la Ley 142 de 1994 le otorga la calidad de particular que ejerce funciones públicas, lo que lo convierte en autoridad pública temporal.
Con el agravante que el primo hermano de Edwin Palma como jefe contable de la empresa Air-e maquilló cifras financieras para favorecer al Gobierno Nacional, al certificar que, para septiembre de 2024 los subsidios pendientes de pago por parte del Ministerio de Minas y Energía eran únicamente de $18 millones. Cuando en un diagnóstico de intervención con la firma del gerente contable, afirma que, a 31 de octubre del mismo año, la deuda por subsidios del gobierno realmente corresponde a una cifra mucho mayor de $335.000 millones.
Ahora, a raíz de una denuncia de la revista Cambio, a Edwin Palma, se le suma otro escándalo de corrupción y despilfarro de recursos cuando fue interventor de Air-e, al tercerizar la compra de materiales indispensables para la operación de la empresa eléctrica a través de una firma particular, lo cual elevó los costos de compra con pagos millonarios por sobre costos en esas adquisiciones.
Todo este proceso de corruptela al interior de Air-e, se inició el 26 de diciembre de 2024, durante la interventoría de Palma, cuando se dio una reunión en la presidencia de la empresa a la que asistieron el exsecretario general Diego Acosta, el periodista Gerardo Ochoa y el jefe de compras de la compañía, Hernán Silva, donde aprobaron un “contrato marco para el suministro de materiales y equipos” con un “valor indefinido”.
La misión para buscar los proponentes se le asignó al jefe de compras, quien dos meses más tarde, el 6 de febrero de 2025, informó sobre las tres firmas que entrarían al concurso de proponentes. Pero la realidad era que la convocatoria era una fachada para aparentar que había una supuesta pluralidad de oferentes, cuando la verdad era que los registros mercantiles de las compañías elegidas mostraban que estaban conectadas entre sí.
La investigación de Cambio muestra que una compañía llamada Cromo financió la constitución de una de las empresas elegidas Macro Integral. Para sorpresa, los accionistas de Croma eran el propio jefe de compras, Hernán Silva y su esposa, Sulay Gutiérrez.
Pero también Croma se relaciona con otra firma seleccionada, Innova SG S.A.S. Esta compañía se denominaba antes Presalud S.A.S., la cual registra operaciones de compra con la perteneciente a Hernán Silva y su esposa. Y como para mostrar todo ese entrelazamiento de corruptela, la revisora fiscal de Croma, María Amparo David, terminó siendo la representante legal de Innova.
La cereza al ponqué, fue que la tercera firma seleccionada, Consultoría e Ingeniería Eléctrica CIE S.A.S., el 10 de febrero de 2025, se unió a la recién creada Macro Integral para conformar el Consorcio Suministros Eléctricos de Colombia SEC, que 14 días después ganó el jugoso contrato para el suministro de materiales a Air-e con la firma del interventor de la época, Edwin Palma.
Para terminar todo este entramado de corrupción con el aval de Palma, Air-e que se encuentra en una grave crisis financiera y operacional, antes de la intervención estatal, compraba los materiales que necesitaba directamente a los fabricantes lo que le facilitaba unos menores costos. Ahora con la intervención y la entrega de las compras a un intermediario particular, se los revende a la empresa eléctrica con sobre costos, con lo cual, se dispararon los valores. Pero el negocio no solo terminaba ahí, sino que Air-e le entregaba anticipos al intermediario, se puede decir que el consorcio ganador del contrato compraba casi en efectivo con pagos de ganga. Mientras tanto, para la empresa comercializadora de energía intervenida, los precios de compra eran altos, mucho mayor a como los adquiría antes de la intervención. Un ejemplo de ellos es la adquisición de los transformadores de 50 KVA y 75 KVA, donde su compra se elevó con un sobre costos de más del 60%.
