Un juez penal especializado de Medellín ordenó a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, su hermano Santiago Uribe Vélez y el general (r) Ospina, como presuntos determinadores de los homicidios de Jesús María Valle Jaramillo y Jorge Eduardo Umaña Mendoza
La decisión judicial fue adoptada durante la lectura de la sentencia contra el exdirector del DAS, José Miguel Narváez, quien fue hallado responsable del asesinato del reconocido defensor de derechos humanos Jesús María Valle. En el numeral cuarto de la parte resolutiva del fallo, el juez ordenó compulsar copias a la Fiscalía para que se evalúe la posible responsabilidad de los hermanos Uribe y del oficial retirado.
Según el juez, existen elementos probatorios y testimoniales relevantes que ameritan una investigación formal. Entre ellos figura la declaración de Francisco Enrique Villalba Hernández, exintegrante de grupos paramilitares, quien en 1998 afirmó que en la finca Las Marraneras se habrían realizado reuniones en las que participaron Álvaro Uribe, Santiago Uribe, el general Ospina, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, en las cuales se habrían discutido acciones contra líderes sociales, entre ellos Umaña y Valle.
El juez consideró que este testimonio, junto con otros documentos revisados durante el proceso contra Narváez, aportan indicios suficientes para que la Fiscalía determine si hay fundamentos jurídicos para imputar cargos a los mencionados.
La compulsa de copias no implica una condena ni una imputación formal, sino el inicio de una etapa de análisis e investigación preliminar. Corresponderá ahora a la Fiscalía General de la Nación establecer si existen méritos para abrir un proceso penal en contra de los señalados.
Esta decisión revive un antiguo debate sobre las posibles conexiones entre políticos, militares y estructuras paramilitares durante los años noventa en Antioquia, cuando Jesús María Valle —entonces presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos— denunció los vínculos entre agentes estatales y grupos armados ilegales, poco antes de ser asesinado en 1998 en Medellín.
Fuentes judiciales indicaron que la Fiscalía recibirá en los próximos días el expediente completo del proceso, con las pruebas y testimonios que motivaron la decisión del juez.
