Este martes en horas de la mañana se reunieron en la ciudad de Cartagena líderes de diferentes sectores gremiales de la región Caribe con la ministra de Minas, Irene Vélez. La asamblea se gestó luego de que reiteradamente los sectores solicitaran al Gobierno nacional tener un encuentro personalmente para conversar respecto a las altas tarifas que se pagan en el servicio de energía eléctrica en los distintos departamentos caribeños.

En la reunión se encontraban gremios como por ejemplo la Comisión del Frente Amplio de Usuarios del Caribe, la cual se constituyó la semana anterior en la ciudad de Riohacha, cuando ciertas organizaciones y sectores gremiales de la región decidieron reunirse para analizar la problemática y debatir que ruta tomar. Fue entonces que decidieron redactar una carta abierta dirigida al presidente de la república, Gustavo Petro, en donde se explica la problemática y cuáles son los mayores perjuicios que está provocando la situación. La carta fue entregada este martes a la ministra para que sea ella quien se la haga llegar al jefe de Estado.

Lo anterior fue explicado a Región Caribe ORG por Norman Alarcón, coordinador regional de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos (USPD).

“Respaldamos el pronunciamiento de las Cámaras de Comercio de la Costa y de los comités intergremiales, respaldamos la demanda que interpusieron los alcaldes de la región para echar atrás las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía, las cuales provocaron las descomunales alzas. Apoyamos el pronunciamiento de la iglesia del grupo de la arquidiócesis de Barranquilla con todas sus diócesis en la región. Todos ellos estuvieron en Riohacha en la reunión y nos fuimos armados con estos documentos y estos pronunciamientos para la ciudad de Cartagena”, sostuvo Alarcón.

La reunión en Cartagena con la ministra de Minas transcurrió sin mayores inconvenientes y fue posible que se crearan mesas de diálogo en donde exactamente 12 representantes del Atlántico, Magdalena y Córdoba le detallaron a la ministra punto por punto la situación.

Por su parte, la ministra Vélez prestó especial atención a todo lo que le manifestaron los ciudadanos, tomó nota y explicó que por el momento se están “agotando” en primera instancia los recursos de diálogo con las entidades prestadoras del servicio de energía eléctrica.

La funcionaria enfatizó además, que el Gobierno nacional no tiene las facultades para tomar de manera “unilateral” medidas, pues, según explicó, existe un marco regulatorio del sector “que no lo permite”.

¿Qué proponen los gremios?

En la reunión que sostuvieron los distintos gremios la semana anterior en la ciudad de Riohacha, se detalló por escrito las “principales” propuestas o solicitudes que se solicitan a la Nación.

Declarar una emergencia tarifaria es una de las principales propuestas que se dieron en la asamblea, esta fue por parte de Dina Luz Pardo, quien es la directora ejecutiva de Asocentro.

Pardo manifestó en su intervención que “la gravedad” de esta problemática era tan seria como las que se presentan en otros aspectos sociales y que por ello sería pertinente declarar esta emergencia.

Respecto a la medida que presentó Isagen en la cual propone hacer la reducción del 10% de la tarifa de energía, la líder gremial manifestó que esa decisión “no hace ni cosquillas”.

Según explicó, el incremento que ha habido en el precio que mensualmente se paga en este servicio público ha sido casi del 50% y que, por ende, la disminución debe ser similar.

Por otro lado, el coordinador regional de la USPD planteó tres propuestas que calificó como “fundamentales”:

1. “La principal propuesta que nosotros vemos, es que es fundamental que el gobierno nacional derogue las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y que creen un régimen especial tarifario para la Costa, que sea distinto al resto del país.

2. En segundo lugar, estas resoluciones también permitieron aumentar un rubro en el costo unitario del kWh que se llama pérdidas eléctricas, pérdidas reconocidas (TR) qué les permite aumentar la en un 500%, pasamos en julio del año pasado de pagar 41 pesos en ese rubro, a pagar en julio de este año 280 pesos, es decir 600% de aumento, algo que es totalmente inadmisible. En el resto del país estas pérdidas reconocidas están alrededor de 50 pesos. Hay que cambiar eso.

3. Y el tercer punto y no menos grave tiene que ver con el precio en que estas empresas compraron los activos de Electricaribe, (que se llama base de activos iniciales), el Gobierno nacional de Iván Duque avalúo los activos que compró Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira en 2.44 billones de pesos. Luego supimos y hasta Air-e lo ha aceptado en algunas ocasiones, que ellos pagaron efectivamente $285,000 millones, es decir, el 11% de su valor. Y la base de su tarifa es 2.44 millones que es el avalúo inflado que les aprobó la CREG.

En Afinia algo similar, allá son cuatro departamentos y dicen los compañeros de Cartagena que pagaron $320,000 millones y luego el Gobierno en la resolución 079 avalúo esos activos en 3.4 billones de pesos. Nosotros queremos saber exactamente el precio y le hemos pedido presidente de la República que confirme este monto. Nosotros ya lo sabemos, pero necesitamos que sea corroborado porque esa es la base de la tarifa. Entonces que el doctor Gustavo Petro nos diga realmente y que la base de la tarifa sea lo que pagó Air-e y Afinia, no lo que avalúo de forma inflada Afinia en el Gobierno de Iván Duque”.

Los anteriores son los tres puntos que según Norman Alarcón deben ser revisados por la nación para que sea desde allí donde se tomen decisiones en pro de solucionar la problemática en el Caribe.

Este viernes 7 de octubre, fue el día pactado por la ministra Irene Vélez para darle una respuesta a las peticiones que se plantearon en la reunión.