Tomado del Portal Corrupción al día

El miércoles 19 de abril, finalmente, tras una larga discusión, encuentros y reuniones se le dio vía libre en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, al proyecto de ley de Reforma a la Salud.

Con 17 votos en contra, frente a cuatro a favor, la Comisión negó la propuesta de archivar el proyecto. En contra de la ponencia votaron los congresistas del Centro Democrático y Cambio Radical, que argumentaban que habría vicios jurídicos y constitucionales que podrían perjudicar al proyecto de ser aprobado.

Y aunque desde que se anunció el proyecto, circulan versiones de presuntos acuerdos burocráticos y entrega de “mermelada” por parte del Gobierno a los congresistas, para conseguir el apoyo necesario y sacar adelante la iniciativa, lo cierto es que detrás de la férrea e intestina oposición que vienen haciendo, no solo congresistas, sino las propias Empresas Promotoras de Salud (EPS), se centra en los billonarios recursos que manejan estas últimas, lo cual cambiará, de aprobarse la Reforma.

Se habla de que el sector salud funciona actualmente con recursos que bien pueden rondar los $80 billones de pesos, y que en un gran porcentaje es administrado por las EPS. El proyecto básicamente cambia esta condición al proponer que se la Administradora de los Recursos de Salud (ADRES), la que asuma en su totalidad ese rol.

De ahí que, con los dientes y con todo lo q tienen a la mano, las EPS están defendiendo su posición dominante y para que no les sea “arrebatado” el negocio.

De manera sencilla, esto quiere decir que ya no serán las EPS las que contratarán los servicios a clínicas (IPS) y hospitales, o a farmacéuticas (que por lo general son propiedad de los mismos socios o accionistas de determinada EPS); sino que los prestadores de los servicios le facturarán directamente a la ADRES.

En el presupuesto general de la Nación, aprobado para el 2023, correspondieron al sector salud, $51,3 billones de pesos.

De esa cantidad, considerando que la Unidad de Pago por Capitación UPC, que transfiere cada mes el Gobierno a las EPS, por cada usuario del Sistema General de Salud, le llegarán a esas entidades, unos $52 billones 690 mil pesos este año.

La UPC no es más que el aseguramiento reglamentado a través de la Ley 100 de 1993.

Un 64,5%, es decir $34 billones de pesos, sale del bolsillo de los afiliados a través del régimen contributivo.

Según la última encuesta del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), en Colombia hay 22 millones 417 mil personas afiliadas al régimen contributivo. Sin embargo quienes cotizan en realidad son 12 millones 900 mil usuarios, el resto son beneficiarios.

En cifras, el Estado recauda en promedio anualmente por las cotizaciones de trabajadores independientes o empleados unos $34 billones de pesos.

Los otros recursos que sostienen el sistema provienen de impuestos relacionados con los juegos de azar, loterías, tabaco y licores.

Pero, hay otros ingresos, que no pasan por fondos del Estado, van ‘pulpitos’ a las EPS, y son las cuotas moderadoras y los copagos.

En la actualidad una persona afiliada al régimen contributivo debe pagar entre $3.700 y $14.700 pesos por cuota moderadora, si percibe entre 1 y 5 salarios mínimos legales vigentes. Esta cuota también la pagan los beneficiarios.

Es decir que si, por ejemplo, cada uno de los 22 millones 417 mil afiliados al régimen contributivo, acude al menos 3 veces en el año a una consulta, teniendo que pagar la cuota moderadora más baja, le estarían ingresando a las EPS, la nada despreciable suma de $248 mil 828 millones de pesos.

Fuera de esto, el Gobierno les paga por los llamados Eventos Catastróficos y de Accidentes de Tránsito y Terrorismo, que se manejan en la cuenta ECAT.

Así como los recobros por procedimientos o medicamentos que no están incluidos en el Plan de Beneficios. Y encima, se les reconoce una prima adicional por operar en zonas dispersas y por cada afiliado mayor de 60 años o menor de 5.

La corrupción rampante

Todas estas “arandelas” que se le reconocen a las EPS e IPS, son de las que más han echado mano los corruptos para defraudar el sistema.

En el caso de la cuenta ECAT, millonarios recursos han terminado en los bolsillos de los corruptos, incluidos servidores públicos, que presentan recobros con pacientes que no existen y tratamientos que nunca han otorgado. Y las propias aseguradoras han develado el robo a recursos del sistema de salud a través de recobros por accidentes de tránsito, donde los involucrados no cuentan con un SOAT.

Organismos como la Contraloría General de la República han encontrado evidencias de prácticas corruptas tanto en IPS, como en EPS, como la realización de tratamientos de alto costo sin prueba genética, recobros sin prestación del servicio, pacientes inexistentes y concentración de cartera.

Hay crisis, pero no toca a los directivos

Volviendo al tema financiero, otro indicador que demuestra por qué las EPS, no quieren soltar la “gallinita de los huevos de oro” estaría en la remuneración de sus cargos directivos.

Según un estudio de remuneración económica de PageGroup para Colombia elaborado en el 2021, el gerente general de una empresa de salud y ciencias de la vida puede tener un salario bruto mínimo de $55 millones de pesos y bruto máximo de hasta $95 millones. Estos ejecutivos podrían estar entre los 5 mejor pagados del país, incluso en ocasiones, por encima del sector financiero.

En contraposición, según encuestas realizadas por las mismas agremiaciones médicas del país, un médico general puede ganar entre $4 y $7 millones mensuales (incluso menos), dependiendo del tipo de contrato. Y un anestesiólogo, el especialista mejor remunerado, suele recibir entre $10 y $14 millones mensuales. Y el resto de talento humano, puede no alcanzar los $2,5 millones de pesos de salario mensual.

Y cabe la pregunta: ¿por qué un directivo de una EPS tiene que ganar tal cantidad de dinero, cuando a quiénes realmente prestan el servicio de salud, la escala salarial, para la gran mayoría, no pasa de dos salarios mínimos? Todo indica que hay una crisis en el sector, pero por lo visto, no toca a los altos directivos de EPS o IPS.

El asunto es que de avanzar el trámite de la reforma y aprobarse, las EPS perderán además el poder de decidir cómo y cuánto pagan a las IPS, hospitales y demás proveedores.

Resulta que mientras las EPS tienen totalmente garantizada la transferencia de los recursos, con excepciones como los $2,3 billones de pesos que les adeudan entidades territoriales, éstas a su vez, en cambio, valga decir, respaldados por la normativa vigente, se les permiten varias formas de contratar a los prestadores, es decir IPS y hospitales.

De ahí que, tienen distintas tarifas, que manejan como si se tratara de una transacción de mercado más, teniendo más en cuenta, la economía y el mayor logro de dividendos, que la calidad y eficiencia del servicio.

Por eso, las tarifas con que las EPS contratan a IPS, laboratorios y hospitales, para que les preste el servicio de salud a sus asegurados, son las que han determinado en los últimos 20 años, hasta la escala salarial del personal de talento en salud.

Ahora bien, toca aclarar que el desfalco en el sector no ha sido una práctica exclusiva de las EPS o IPS. En el entramado de corrupción han participado funcionarios públicos, que van desde gerentes de hospitales, pasando por secretarios de salud, departamentales o locales. Así como políticos en general, y mandatarios regionales.

El billonario pastel se lo han repartido de distintas formas, con las consabidas consecuencias de una atención inadecuada, inoportuna y de mala calidad a los usuarios del sistema.

De ahí que faltará ver si el remedio de la cacareada reforma no resulta peor que la enfermedad, pues le corresponderá al Estado, fortalecer el control y vigilancia sobre los recursos, en resumen, blindarlos de los corruptos.