A pocos días del cambio de gobierno, el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, del partido Centro Democrático, denunció que el Ministerio de Defensa Nacional estaría limitando las garantías constitucionales de la oposición al negar el uso del Estatuto de la Oposición para solicitar información oficial.
Según el congresista, la controversia surgió luego de recibir una respuesta del Ministerio en la que se señala que sus solicitudes de información deben tramitarse bajo la Ley 5 de 1992 y la Ley 1755 de 2015, y no mediante la Ley 1909 de 2018, conocida como el Estatuto de la Oposición.
De acuerdo con la cartera de Defensa, las facultades contempladas en esa norma solo pueden ser ejercidas por el representante legal de la organización política declarada en oposición y no por un congresista de manera individual.
Uscátegui calificó esa interpretación como una restricción a las herramientas de control político y aseguró que desconoce las garantías establecidas en el artículo 112 de la Constitución.
La denuncia se produjo luego de que el Ministerio respondiera parcialmente dos derechos de petición que contenían 260 preguntas relacionadas con contratación, proyectos estratégicos, capacidades militares y otros asuntos del sector Defensa, mientras que la información restante fue prorrogada.
“El control político pierde toda eficacia cuando las respuestas llegan después de que termina el gobierno que debe ser vigilado. La transparencia no puede depender de interpretaciones administrativas que cercenan las garantías de la oposición y retrasan el acceso a información de interés público”, afirmó el congresista.
El representante anunció que presentará una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue la actuación de los funcionarios que suscribieron el oficio y se determine si existió una extralimitación de funciones al restringir el alcance del Estatuto de la Oposición.
Uscátegui sostuvo que el debate trasciende su caso particular y advirtió que lo que está en discusión es el alcance de las garantías con las que cuentan los partidos de oposición para ejercer control político durante el ejercicio del poder.
