Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya aprobó la ponencia que sanciona a la campaña Petro Presidente por presunta violación de topes de financiación en las elecciones de 2022, el texto completo de la resolución final aún no ha sido publicado de manera oficial. Esta situación ha generado incertidumbre jurídica y alimentado el debate político en torno a la transparencia del fallo.

Lo que sí se conoce hasta ahora proviene de extractos filtrados, de la ponencia radicada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, y de resúmenes difundidos por diversos medios de comunicación. Estos documentos señalan que la campaña habría superado los límites legales de ingresos y gastos, omitido reportes obligatorios y recibido aportes considerados como financiación prohibida. El exceso, según estas fuentes, superaría los 3.500 millones de pesos.

La ponencia sancionatoria también plantea multas millonarias, la devolución de recursos públicos entregados por reposición de votos y la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación, así como el envío del expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para eventuales investigaciones adicionales. Los sancionados, de acuerdo con los borradores conocidos, serían el exgerente de campaña, la tesorera, auditores y representantes de los partidos que integraron la coalición.

Sin embargo, hasta el momento no existe un documento sellado, numerado y firmado por la sala plena, disponible en los canales oficiales del CNE, que permita conocer la decisión en su integridad. En la base de datos de resoluciones del organismo electoral tampoco aparece todavía registrada la resolución correspondiente al caso. La votación de la sala plena habría sido 6 votos positivos contra 3 negativos.

La ausencia del texto oficial ha llevado a que las discusiones públicas se sostengan únicamente sobre versiones parciales. Sin la publicación formal, persisten dudas jurídicas sobre la magnitud exacta de las sanciones, la argumentación completa del fallo y los plazos procesales que deberán cumplir los implicados.

Mientras se espera la divulgación del documento, los observadores destacan la necesidad de que el CNE la resolución final, para garantizar seguridad jurídica, permitir el ejercicio pleno de las vías de impugnación y cerrar un capítulo que ha marcado intensamente la agenda política nacional.