Por Norman Alarcón Rodas
Un pensador europeo decía que “hay días que se condensan años”. Lo mismo el adagio popular “no hay mal que dure cien años”. Dichos pensamientos se pueden aplicar a lo que acaba de suceder en la región Caribe con el fin del régimen tarifario especial que se viene aplicando desde septiembre de 2021, lesionando los intereses de toda la comunidad caribeña: usuarios residenciales, del sector empresarial y oficial. El gobierno de Duque para salir de Electricaribe en liquidación, como si estuviera encartado con esa empresa estratégica para el servicio eléctrico en los siete departamentos de la Costa Atlántica, le brindó gabelas inauditas a las nuevas empresas AIR-E y AFINIA, entre ellas un régimen especial tarifario para aplicar en esta región por encima del resto del país, que consistía en cobrar a los usuarios en las facturas los hurtos y fraudes en el ítem de pérdidas eléctricas, inversiones futuras en forma anticipada, una sobretasa del 20% en la comercialización y una prima de cartera de 300 puntos básicos.
La respuesta de la población y de las fuerzas vivas de la región fue ejemplar, una resistencia civilizada, mancomunando esfuerzos en una diversidad de actividades, movilizaciones, plantones, foros, paneles, cumbres energéticas con una participación pocas veces vista de ligas de usuarios, vocales de control, empresarios, comunales, autoridades, la iglesia, corporaciones públicas, la academia, llegando a la gran movilización del 11 de abril de 2024 cuando diez mil usuarios se movilizaron en los siete departamentos del Norte del país.
Los personeros distritales de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha jugaron un papel clave al presentar una bien estructurada Acción popular ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, la cual fue acogida positivamente por el alto Tribunal que decretó medidas cautelares, entre las cuales estaba la derogatoria del régimen especial tarifario, desatándose el nudo gordiano. Hubo que esperar casi un año para que la CREG y el Gobierno Nacional acataran la decisión de la Justicia, según fueron informados los Personeros, y se procediera a aprobar una resolución redefiniendo el ítem de comercialización, el cual tenía dos sobretasas del 20% cada una, una para el Caribe y otra para todo el país, quedando abolidas ambas.
En resumen, ya no podrán seguir cobrando los fraudes y hurtos, las pérdidas eléctricas el próximo mes vendrán a $99 el kilovatio hora cuando con el régimen especial estaban en más de $200 y se acercan a los $70 como están en las principales ciudades; no seguirán los cobros de las inversiones futuras en forma anticipada, ni la prima de cartera. Las cifras entregadas a los personeros distritales indican que los usuarios de AIR-E tendrán una rebaja de $54 el kilovatio hora y los de AFINIA $23 el kilovatio. En total en AIR-E nos ahorraremos cuando entre en vigencia la nueva resolución $282.000 millones de pesos y $114.000 millones de pesos en AFINIA, o sea que el ahorro anual será de cerca de $400.000 millones que se le irrigarán a la economía del Caribe colombiano.
Obviamente quedan pendientes muchos asuntos en el tema eléctrico de la Costa, sobre todo la solvencia económica de AIR-E, que depende del Fondo Empresarial de la Superservicios que está en la obligación de proveer los requerimientos financieros según los cánones constitucionales y legales; asimismo es fundamental implementar la modernización de la infraestructura eléctrica obsoleta de la región y sopesar muy bien la política de transición energética que deber ser planeada con rigurosidad, de manera gradual y teniendo en cuenta las necesidades del país de nuevas búsquedas de hidrocarburos ya que por las políticas erráticas del actual gobierno perdió el país la seguridad y soberanía energéticas, las cuales hay que rescatar con un cambio de rumbo que reclaman los colombianos.
