• El jefe de Estado colombiano respondió a través de sus redes sociales a la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales 

Una nueva controversia política sacudió el escenario nacional luego del cruce de declaraciones entre la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y el presidente Gustavo Petro, a raíz de un acto público llevado a cabo en la plaza La Alpujarra de Medellín el pasado sábado 21 de junio.

El evento, promovido por el Gobierno Nacional y celebrado en medio del debate sobre la reforma laboral, generó polémica debido a la presencia visible de varios cabecillas de organizaciones criminales, quienes, pese a estar actualmente detenidos en la cárcel de Itagüí, fueron ubicados en las primeras filas del acto.

El pronunciamiento sostiene que trasladar a delincuentes condenados desde centros penitenciarios para que participen en actividades públicas con población civil no solo es una “afrenta contra la institucionalidad”, sino que representa un riesgo directo para la ciudadanía y deslegitima el accionar de las fuerzas del orden.

“Este tipo de actos no solo son innecesarios e inoportunos, sino que también intimidan a los ciudadanos que claman por territorios donde la fuerza pública ejerza su misión de perseguir y judicializar a los violentos”, sostuvo Asocapitales en el comunicado. Además, la entidad se solidarizó con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuya seguridad —según afirma la asociación— “se ve en riesgo por cuenta de este tipo de provocaciones que parecen calculadas y orquestadas desde el Gobierno Nacional”.

Horas después del pronunciamiento de Asocapitales, el presidente Gustavo Petro respondió a través de su cuenta de X con un breve, pero contundente mensaje que reavivó la polémica. “La asociación de ciudades capitales, que yo fundé, no puede estar por encima del derecho constitucional a la paz”, escribió el mandatario, en un mensaje que, además de cuestionar el contenido del comunicado, reivindica su papel como fundador de la misma organización que ahora lo critica.

Con esta declaración, Petro enfatizó su postura de que el proceso de paz total –una de las banderas de su administración– implica la interlocución directa con actores armados o con estructuras criminales en búsqueda de desmantelarlas mediante acuerdos judiciales o sometimiento colectivo, una visión que ha sido objeto de debate constante desde el inicio de su gobierno.