La Fiscalía General de la Nación formalizó el pasado 28 de noviembre de 2025 la petición de audiencia de imputación de cargos contra Álvaro Leyva Durán, exministro de Relaciones Exteriores, por presuntas irregularidades en la licitación para la fabricación y expedición de pasaportes colombianos.
El ente acusador señala que Leyva habría incurrido en prevaricato por acción en concurso homogéneo, al expedir una serie de actos administrativos “contrarios a la ley” al declarar desierta la licitación pública de 2023, por 600.000 millones de pesos, pese a que la empresa oferente, Thomas Greg & Sons, cumplía con los requisitos establecidos en los pliegos.
Antecedentes disciplinarios: destitución e inhabilidad por 10 años
Este paso judicial se suma a una sanción disciplinaria ya impuesta por la Procuraduría General de la Nación, que en septiembre de 2025 confirmó la destitución e inhabilidad de Leyva para ocupar cargos públicos por un periodo de 10 años.
Según la Procuraduría, la decisión de declarar desierta la licitación —tomada por Leyva cuando era canciller— “careció de fundamento legal” y violó los principios de la contratación estatal de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva.
Ese fallo disciplinario representó el cierre definitivo de la vía administrativa, aunque ahora el proceso se traslada al ámbito penal.
La audiencia de imputación fue programada por la Fiscalía para el próximo martes 9 de diciembre de 2025, a las 8:30 a.m., ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
En esa diligencia, la Fiscalía presentará los cargos formales contra Leyva. Si el juez admite la imputación, podría abrirse la etapa de juicio penal.
Las acusaciones giran sobre los actos administrativos que, según la Fiscalía, habrían incumplido la ley durante la licitación para producción y distribución de pasaportes.
Este caso se ha transformado en uno de los escándalos de contratación pública más mediáticos de 2023-2025: una licitación declarada desierta pese a un oferente habilitado generó un colapso en la expedición de pasaportes, un documento esencial para viajar, emigrar o realizar trámites internacionales.
La sanción disciplinaria ya confirmada y la imputación penal en curso representan un mensaje fuerte sobre control del poder, transparencia en la contratación estatal y consecuencias —administrativas y judiciales— frente a decisiones cuestionables en la función pública.
