El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá emitió su fallo de segunda instancia en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras la apelación de la condena de primera instancia. En ese fallo se decidió absolver al exmandatario del delito de soborno en actuación penal.
Cabe aclarar que la absolución es sólo respecto a este delito concreto; el proceso aún contiene otros cargos y etapas pendientes.

Antecedentes

En primera instancia, la jueza Sandra Liliana Heredia del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá había condenado a Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, imponiéndole una pena de 12 años de prisión domiciliaria, una multa y la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un periodo prolongado.

El fallo afirmaba que colaboradores del expresidente habían ofrecido beneficios a testigos para que cambiaran sus declaraciones en un caso vinculado a la manipulación de testigos.

Uribe apeló la sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, lo que activó la segunda instancia.

Motivo de la absolución por soborno

Según el Tribunal, “no se acreditó directa o indirectamente que Álvaro Uribe Vélez hubiera instigado el delito de soborno en actuación penal”. En consecuencia, la Sala decidió revocar la condena impuesta por ese delito.
El fallo no significa que todos los delitos o elementos del caso hayan sido resueltos; por ejemplo, queda pendiente la decisión sobre el cargo de fraude procesal.

Lo que sigue

El Tribunal leerá públicamente la sentencia completa para la segunda instancia y se espera que incluya los fundamentos precisos de la absolución.

Si se confirma la absolución del soborno y se rechaza el fraude procesal, Uribe quedaría sin condena firme en este proceso. En cambio, si el fraude se mantiene, continuará en juego su situación jurídica.

En caso de una nueva decisión adversa, la defensa podría acudir a recursos extraordinarios, como la casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Por el lado político, la resolución impacta las estrategias electorales internas del país, la configuración de alianzas y la imagen pública tanto del exmandatario como de sus adversarios.

El caso tiene raíz en denuncias que Uribe presentó en 2012 contra el senador Iván Cepeda por presunta manipulación de ex paramilitares, las cuales derivaron en una investigación en su contra por supuestamente haber manipulado testigos. Las interceptaciones telefónicas y otros medios probatorios fueron objeto de controversia sobre su legalidad, lo que la defensa argumentó como vicio procesal.

La expectativa pública era alta dado que la segunda instancia debía definirse antes del 16 de octubre de 2025 para evitar la prescripción del proceso.

La absolución de Álvaro Uribe por el delito de soborno en actuación penal representa un revés significativo para la acusación inicial. Sin embargo, no pone fin al proceso: quedan pendientes determinaciones sobre el fraude procesal, la sentencia en firme y eventuales recursos. En el plano político, la decisión reabre el protagonismo del expresidente y añade un nuevo capítulo en la polarizada escena pública colombiana.