El posible traslado a cárceles de Barranquilla de dos de los principales jefes de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ que operan en la ciudad volvió a encender el debate nacional sobre seguridad y negociación con estructuras armadas urbanas.

Se trata de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, señalado líder de Los Costeños, y Digno José Palomino Rodríguez, cabecilla de Los Pepes, actualmente recluidos en centros penitenciarios fuera del Atlántico.

La medida se estudia en el marco de la tregua firmada entre ambas bandas en 2025, actualmente vigente hasta el 20 de enero de 2026, dentro del proceso de paz urbana que busca reducir la violencia en la ciudad y su área metropolitana.

Frente a la controversia, el ministro de Justicia aclaró que el análisis del traslado no contempla beneficios especiales ni condiciones favorables para los cabecillas, y que cualquier decisión se adoptaría bajo los parámetros ordinarios del sistema penitenciario.

“No se trata de otorgar privilegios”, afirmó el funcionario, al insistir en que el eventual traslado tendría como propósito evitar nuevas confrontaciones armadas y reducir los niveles de violencia en Barranquilla y su área metropolitana.

El ministro explicó que la evaluación responde a solicitudes elevadas dentro del marco de la política de paz urbana, una estrategia que busca disminuir homicidios, extorsiones y disputas territoriales mediante mecanismos de diálogo controlado y verificación institucional.

La posibilidad de que estos cabecillas sean recluidos en la capital del Atlántico ha generado preocupación entre distintos sectores, que advierten sobre la capacidad carcelaria y los riesgos de seguridad que podría implicar su presencia en la ciudad.

Barranquilla no cuenta con un centro de reclusión de máxima seguridad, lo que ha llevado a expertos y autoridades locales a plantear la necesidad de extremar las medidas de control para evitar que las estructuras criminales continúen ejerciendo influencia desde prisión.

Hasta ahora, el Gobierno Nacional no ha tomado una decisión definitiva y aseguró que el proceso continúa en etapa de evaluación, a la espera de conceptos técnicos de seguridad, viabilidad penitenciaria y seguimiento al comportamiento de las organizaciones involucradas.

Las autoridades indicaron que cualquier determinación será anunciada oficialmente y estará acompañada de medidas que garanticen la seguridad ciudadana.