Empezamos a cerrar otro año, sin que logremos los usuarios de los servicios públicos domiciliarios cumplimiento de la prolongada promesa oficial de “justicia tarifaria”. Por el contrario, desde el pasado 1o de diciembre, se carga a la demanda esencial del gas natural vehicular, de los hogares, la industria y el comercio, un injusto aumento en la tarifa, ante su obligada importación, a pesar de las tempranas advertencias realizadas desde diciembre de 2023 por los gremios y la Bolsa Mercantil de Colombia, Gestor del Mercado Mayorista, a propósito de la negación del gobierno nacional a extender los contratos de exploración y explotación del recurso de nuestro subsuelo. Recordamos que la presidente de NATURGAS, Luz Stella Murgas, resumió de manera simple la dura consecuencia: “Es más económico el gas nacional que el importado”. Esa importación, que el año pasado fue del 4% pasó a ser del 20%, a un precio tres veces mayor, y se traducirá en un encarecimiento del 55% para los vehículos, 21% para industria y comercio y 14% para los hogares. Crece el drama social de los colombianos.
Panorama que se oscurece con otros tres hechos de la política oficial del gobierno nacional. Primero, con el Proyecto de Ley 432 de 2025 Cámara, que traslada a los estratos residenciales 5 y 6, industriales y comerciales, la obligación de pagar, por 15 años, el saldo de la opción tarifaria de los usuarios pobres, que el presidente Petro se comprometió a asumir como deuda de la Nación, en mayo de 2024, cuando estos ya soportan en mayor medida que el Presupuesto Nacional el aporte de solidaridad para el reconocimiento de subsidios de energía, gas, acueducto, alcantarillado y aseo. Proyecto que además amenaza a 7 millones de hogares con excluirlos del derecho a recibir el subsidio. Segundo, con el grave incumplimiento del gobierno nacional con las empresas prestadoras de los servicios de energía y gas, por el no pago de los subsidios ya reconocidos a través del descuento en la factura de los estratos 1, 2 y 3. Deuda que ya asciende aproximadamente a los $ 3 billones, poniendo en riesgo la continuidad del servicio y de los subsidios. Y, tercero, la prolongación por dos años más del régimen especial tarifario de la Región Caribe, mediante Resolución 4505 de octubre de 2025 del Ministerio de Minas y Energía.
En estas condiciones, parece insólito que el Ministerio de Minas y Energía hable hoy de mensaje de urgencia para el trámite del Proyecto de Ley 432 de 2025, pues la urgencia de los usuarios es tan antigua como el establecimiento del modelo de tarifas rentables, pero en el caso de la voz del Ministerio de este gobierno, por lo menos debería haberse referido a urgencia desde el 7 de agosto de 2022. Esta es otra urgencia, distinta de la de los usuarios por tarifas pagables.
Los usuarios de Colombia exigen justamente: tarifas pagables, subsidios suficientes y estratificación realista sin meta en la focalización.
Medellín, diciembre 3 de 2025
Javier Gaviria Betancur Norman Alarcón Rodas
Presidente Coordinador Costa Caribe
