Un presunto caso de estafa relacionado con un viaje educativo a la COP30, que se realiza en Brasil, ha generado preocupación entre estudiantes, padres de familia y docentes del Colegio “Jorge Nicolás Abello” de Barranquilla. Según denuncias recientes, un grupo integrado por 23 estudiantes, 9 padres y 5 profesores de instituciones públicas —entre ellas el Abello— habría sido engañado con la promesa de asistir a uno de los encuentros ambientales más importantes del mundo.

De acuerdo con testimonios recogidos por los afectados, el proyecto fue promovido inicialmente por Édgar Prieto Martínez, docente del Colegio “Jorge Nicolás Abello” y líder de un semillero ambiental. Como parte de las propuestas de internacionalización y participación estudiantil, Prieto compartió la convocatoria a la COP30, lo que motivó a varios integrantes de la comunidad educativa a organizarse para costear el viaje. Para este fin, los padres designaron a una madre de familia como tesorera del proceso.

Sin embargo, la logística de transporte y hospedaje quedó en manos de Daniel Alemán Acosta, señalado por los denunciantes como el presunto responsable de recibir los recursos. Alemán se habría presentado como empleado de una aerolínea y habría exigido el pago anticipado para gestionar tiquetes y alojamiento. En total, las víctimas entregaron alrededor de 40,4 millones de pesos, pero nunca recibieron confirmaciones, pasajes ni reserva alguna. Pocos días después de recibir los fondos, el señalado dejó de comunicarse.

Ante la situación, los afectados interpusieron en la Fiscalía General de la Nación una denuncia por estafa agravada y falsedad en documento privado, lo que derivó en la apertura de una investigación penal para determinar responsabilidades.

La respuesta de la Secretaría de Educación

El caso cobró mayor notoriedad cuando la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla, en cabeza de Paola Amar, aclaró públicamente que el viaje a Brasil no fue avalado ni patrocinado por la entidad ni por la rectoría del Colegio “Jorge Nicolás Abello”. La funcionaria enfatizó que el proyecto no era institucional, a pesar de que involucró a un docente. También señaló que se activó la ruta de atención y convivencia escolar para acompañar a los padres afectados y recopilar información sobre lo ocurrido.

Amar añadió que el Distrito está atento a los resultados de la investigación penal y reiteró que cualquier actividad internacional que lleve el nombre de un colegio oficial debe contar con autorización expresa de la Secretaría, cosa que no ocurrió en este caso.

Incertidumbre y cuestionamientos

Aunque se ha señalado al docente Édgar Prieto como quien habría difundido la iniciativa del viaje dentro del plantel, no hay evidencia de que él haya manejado recursos o participado en la supuesta estafa. Los detalles exactos de su rol y el de otros implicados aún están siendo verificados por las autoridades.

Entre tanto, padres y estudiantes reclaman celeridad en el proceso judicial y claridad por parte de las instituciones educativas, ya que el caso no solo implica una pérdida económica, sino también la frustración de un proyecto académico que generó entusiasmo entre los menores

La Fiscalía por su parte, continúa recolectando testimonios y documentos para establecer la responsabilidad de los presuntos implicados, mientras la Secretaría de Educación mantiene un seguimiento administrativo para determinar si hubo irregularidades internas.

Por ahora, el caso del fallido viaje a la COP30 se mantiene como una de las controversias educativas más comentadas en Barranquilla en los últimos meses, dejando en evidencia la necesidad de fortalecer los protocolos de verificación y autorización en proyectos extracurriculares que involucran recursos económicos y representación institucional.