Las promesas del presidente Petro de rebajar las tarifas eléctricas en la Costa Caribe, de eliminar el régimen especial tarifario para esta región y asumir el pago de la opción tarifaria por parte del gobierno nacional, quedaron sepultadas para siempre a escasos nueve meses de culminar su mandato. Todo está en la muy corta y severa Resolución 40505 de 2025 del Ministerio de Minas y Energía, firmada por la viceministra del ramo, Karen Schutt Esmerel, porque el ministro Palma estaba allende los mares acompañando al presidente Petro en sus sempiternos periplos.

Los cinco artículos de la susodicha Resolución dejan viendo un chispero a más de doce millones de caribeños que esperaban el fin del oneroso régimen especial tarifario tumbado por las medidas cautelares del Tribunal Administrativo del Atlántico, pero que con la nueva norma oficial queda vigente dos años más. Recordemos que el régimen tarifario especial solo rige en la región Caribe y contiene tres elementos, que no se aplica en ninguna otra región de Colombia, a saber: 1) cobro de hurtos de energía y fraudes como si fueran pérdidas eléctricas atribuibles a los usuarios. 2) inversiones futuras cobradas anticipadamente y 3) sobretasa del 20% en el ítem de comercialización más 300 puntos básicos de cartera.

El artículo primero ordena continuar la prestación del servicio eléctrico en la Costa bajo el régimen especial tarifario contenido en el artículo 318 de la Ley 1955 de 2019 (Plan de Desarrollo de Duque y prorrogado por el Plan de Desarrollo de Petro). En el artículo segundo ordena a la CREG suspender la ejecución de planes de inversión y reducción de pérdidas a las empresas de energía de la Costa, suspensión que tendrá vigencia por dos años. El artículo tercero determina que las comercializadoras (AIR-E y AFINIA) podrán reducir el tiempo de cobro de la opción tarifaria a menos de los diez años aprobados y el artículo cuarto ordena mantener la sobretasa del 20% en la comercialización y el cobro de 300 puntos básicos de cartera por dos años más.

La Liga Nacional de Usuarios rechaza enfáticamente esta lesiva resolución de la cartera de Minas y Energía e insta al gobierno nacional a cumplir sus compromisos y las medidas cautelares del Tribunal Administrativo del Atlántico en respuesta a la Acción popular de los Personeros Distritales de Barranquilla, Magdalena y La Guajira.

LIGA NACIONAL DE USUARIOS EN LA COSTA CARIBE