La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, luego de las declaraciones ofensivas y desobligantes que lanzó contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, a través de distintos medios de comunicación.

El hecho se produjo después de que Benedetti se enterara del allanamiento realizado por la Policía Nacional, por orden de la Corte Suprema, a su vivienda ubicada en el exclusivo sector de Lagos de Caujaral, en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico. Visiblemente alterado, el ministro calificó a la magistrada Lombana de “delincuente”, “loca” y utilizó otros calificativos ofensivos, declaraciones que rápidamente generaron una ola de rechazo a nivel nacional.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia rechazó enérgicamente los insultos, señalando que “ningún alto funcionario del Estado puede recurrir a la descalificación personal o al irrespeto institucional como respuesta a las decisiones judiciales”. Por su parte, organizaciones de mujeres condenaron las expresiones de Benedetti, calificándolas de machistas y contrarias al respeto que deben mantener los servidores públicos, especialmente quienes ocupan altos cargos en el Gobierno.

Diversos sectores políticos y sociales también se sumaron a las críticas, al considerar que las declaraciones del ministro atentan contra la independencia de la justicia y envían un mensaje negativo sobre la relación entre el Ejecutivo y las demás ramas del poder público.

Ante la gravedad de los señalamientos, la Procuraduría General anunció el inicio formal de una indagación disciplinaria, con el fin de determinar si el ministro Benedetti incurrió en faltas al régimen de conducta de los servidores públicos. De comprobarse responsabilidad, el titular de la cartera del Interior podría ser sancionado disciplinariamente, lo que incluso podría derivar en su suspensión temporal del cargo.

Mientras tanto, desde el Ministerio del Interior no se ha emitido un pronunciamiento oficial adicional, aunque se espera que Benedetti sea citado en los próximos días para rendir explicaciones ante el órgano de control.

El episodio ha reavivado el debate sobre el respeto institucional y los límites del discurso público de los altos funcionarios del Estado, especialmente en momentos en que el país atraviesa una tensión evidente entre el Gobierno y la justicia.