El proceso de elección de rector en la Universidad del Atlántico sumó un nuevo episodio de controversia, luego de que el Comité Electoral de la institución declarara nula la elección de Leyton Daniel Barrios Torres para el periodo 2025–2029. La decisión fue adoptada mediante la Resolución No. 002 del 7 de noviembre de 2025, en la que se concluye que el candidato no cumplió con los requisitos establecidos en el Estatuto General ni en los Acuerdos Superiores vigentes, necesarios para acceder al cargo de máxima autoridad académica y administrativa.
Según el documento, Barrios no logró acreditar experiencia docente universitaria formal ni el ejercicio de cargos directivos en instituciones de educación superior, requisitos exigidos en los reglamentos internos para aspirar a la rectoría. De igual forma, se señaló que algunas certificaciones presentadas no cumplen con los parámetros requeridos para respaldar la idoneidad del candidato. En consecuencia, el Comité Electoral ordenó su exclusión definitiva del proceso, declaró la vacancia absoluta del cargo y solicitó al Consejo Superior Universitario proveer el reemplazo de manera inmediata. Al tratarse de una decisión de la máxima autoridad electoral interna, la resolución no admite recurso alguno.
Sin embargo, la medida abrió un debate jurídico y administrativo respecto a las competencias del Comité Electoral dentro de la estructura de gobierno universitario. Aunque esta instancia es responsable de organizar y vigilar los procesos electorales internos, incluyendo votaciones, consultas y escrutinios, no posee facultades decisorias para modificar, revocar o anular actos administrativos expedidos por el Consejo Superior Universitario, el cual es, según la Ley 30 de 1992, el máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad.
Esto significa que la designación del rector es una prerrogativa exclusiva y soberana del Consejo Superior, por lo que la declaración de nulidad realizada por el Comité Electoral podría constituir una extralimitación de funciones. Según expertos en derecho universitario consultados de manera preliminar, si existiera alguna controversia frente a la designación, la vía institucional adecuada sería la demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no una decisión interna del Comité Electoral.
Mientras tanto, la comunidad universitaria permanece a la expectativa sobre el curso que tomará el proceso. Sectores estudiantiles y sindicales que se oponen a la candidatura de Barrios celebraron la resolución, considerándola un triunfo frente a lo que han denunciado como intentos de influencia política externa en la dirección de la institución. Por su parte, otros actores insisten en que la decisión carece de validez y podría profundizar la crisis administrativa que vive la Universidad del Atlántico desde hace varios años.
El Consejo Superior deberá pronunciarse en los próximos días para determinar si acoge la declaratoria del Comité o si defiende la designación previamente expedida, lo que podría llevar el caso a tribunales. En cualquier escenario, la gobernabilidad de la institución continúa en entredicho, mientras persisten las tensiones entre sectores políticos, académicos y estudiantiles que disputan el rumbo de la universidad pública más grande del Caribe colombiano.
