El reciente fallo del Tribunal Superior de Bogotá dejó en una posición jurídica incierta al Pacto Histórico frente a la consulta interna que estaba prevista para el próximo 26 de octubre, con la cual se pretendía escoger el candidato presidencial de esa coalición. La decisión judicial declaró improcedente la tutela interpuesta por Carolina Corcho y Gustavo Bolívar contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), que buscaba obligar a la Registraduría a permitir la inscripción de los aspirantes de Colombia Humana para dicha consulta.
Con el fallo, el Tribunal también dejó sin efectos la medida cautelar emitida el 25 de septiembre, la cual había suspendido parcialmente una resolución del CNE que impedía la plena fusión de los movimientos que integran el Pacto Histórico. En su argumentación, el alto tribunal sostuvo que los accionantes aún contaban con mecanismos legales ordinarios para presentar sus reclamos y que, por tanto, no se configuraba una vulneración de derechos fundamentales, como el de participación política o la igualdad.
La consecuencia inmediata de la decisión es que la consulta interna presidencial, en los términos planteados originalmente, pierde sustento jurídico. Varios medios nacionales, aliados con la oposición, han interpretado el fallo como la “caída” del proceso interno del Pacto, al quedar sin respaldo legal la inscripción de precandidatos y la organización electoral para esa fecha. No obstante, algunos dirigentes del movimiento, entre ellos el senador Iván Cepeda, han sostenido que la consulta “no se detiene” y que el fallo no ordena explícitamente su suspensión, sino que cuestiona aspectos técnicos de procedimiento.
A pesar del panorama legal adverso, voceros del Pacto Histórico mantienen el llamado a la ciudadanía para participar en la consulta del 26 de octubre, asegurando que buscarán rutas jurídicas para garantizar su realización. El propio presidente Gustavo Petro, al citar en redes sociales a Daniel Quintero, afirmó que “la consulta del Pacto Histórico está vigente”. En contraste, analistas señalan que la decisión judicial deja sin base formal el proceso, salvo que se interpongan recursos de impugnación o nuevas acciones que reviertan el fallo.
En conclusión, la situación actual del Pacto Histórico es ambigua: políticamente insiste en mantener viva su consulta, pero jurídicamente enfrenta un revés significativo que compromete su ejecución. La coalición evalúa alternativas legales y políticas para superar el obstáculo, mientras el país permanece atento a si finalmente el 26 de octubre se concretará la votación o si, deberá aplazarse o replantearse en otro escenario electoral.
