El conflicto entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Gobernación del Atlántico por el tramo Barranquilla–Puerto Colombia y el peaje Papiros sigue sin resolverse, luego de que la entidad nacional confirmara que no entregará la operación de ese sector vial al departamento.
La decisión, comunicada a comienzos de octubre, se basa en que la administración departamental no logró demostrar que tiene los recursos suficientes para asumir los costos de operación y mantenimiento de la vía, así como las inversiones pendientes del contrato concesional.
El tramo en disputa corresponde a la denominada Unidad Funcional 4 (UF4) del proyecto Cartagena–Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, operado por la concesión Costera S.A.S. Incluye cerca de 12 a 14 kilómetros de la vía al mar, entre el puente sobre el arroyo León y el casco urbano de Puerto Colombia, donde se encuentra la caseta de cobro conocida como peaje Papiros. Este punto, que hace parte del corredor de infraestructura nacional, se ha convertido en foco de controversia debido al crecimiento urbano y comercial que ha transformado la zona en un corredor metropolitano con gran flujo de residentes, estudiantes y turistas.
La Gobernación del Atlántico, respaldada por la comunidad y los alcaldes de la zona, ha insistido en que el peaje Papiros perdió su sentido técnico, al quedar ubicado dentro del área metropolitana de Barranquilla y a solo ocho kilómetros del peaje de Puerto Colombia. Argumenta que el cobro afecta directamente a miles de usuarios que se movilizan a diario por razones laborales, educativas y comerciales. En reiteradas oportunidades, la administración departamental ha propuesto asumir la operación del tramo para desmontar el peaje o, al menos, eliminar el cobro a los vehículos de categorías I y II.
La ANI, por su parte, sostiene que el contrato de concesión sigue vigente y que cualquier modificación debe cumplir con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros que garanticen la sostenibilidad del proyecto. Según la entidad, el desmonte o transferencia del tramo requiere asegurar los recursos para cubrir tanto el CAPEX pendiente de amortizar —es decir, las inversiones aún no recuperadas por la concesión— como el OPEX por ejecutar, correspondiente a los costos futuros de operación, mantenimiento y vigilancia de la vía.
En septiembre de 2024, las partes anunciaron un principio de acuerdo para que la Gobernación asumiera la administración de la vía al mar. Sin embargo, tras una nueva revisión, la ANI concluyó que el departamento no acreditó la disponibilidad presupuestal necesaria para cumplir con las obligaciones que exige el contrato. En consecuencia, decidió mantener la operación bajo la concesión vigente y continuar con la suspensión temporal del cobro para vehículos livianos, medida que rige desde el año pasado y que se extenderá hasta noviembre de 2025.
La Gobernación del Atlántico reaccionó con molestia ante la decisión, calificándola como un incumplimiento de los compromisos pactados en las mesas técnicas. El gobernador Eduardo Verano ha reiterado que el peaje Papiros representa una carga injusta para la comunidad y que insistirá en la búsqueda de una solución que permita eliminarlo definitivamente. “El Atlántico ha crecido y ese peaje quedó en medio de la ciudad; mantenerlo allí es castigar la movilidad y el desarrollo de la región”, expresó en una reciente declaración.
Mientras tanto, la ANI ha manifestado su disposición a continuar el diálogo, pero ha advertido que cualquier cambio deberá estar sustentado en estudios técnicos y financieros que garanticen la viabilidad del proyecto y el equilibrio económico de la concesión. La discusión, por ahora, se mantiene abierta y refleja el dilema entre la necesidad de aliviar el bolsillo de los usuarios y la obligación de cumplir los compromisos contractuales de infraestructura que garantizan el mantenimiento de una de las vías más importantes en el departamento del Atlántico.
