Norman Alarcón Rodas, coordinador de Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios en la costa Caribe, expresó su respaldo a la decisión de la empresa Air-e  de no cobrar en su facturación, de forma obligatoria la llamada tasa de seguridad, debido a que “la seguridad ciudadana es un asunto que le compete al Estado, es decir al Gobierno nacional, al que toda la ciudadanía le paga bastantes impuestos, varios de ellos regresivos e invisibles, como el IVA, que lo paga hasta el más pobre”.

Puso de presente, además, que el cobro de este tributo se convierte en un “golpe” a la mayoría de ciudadanos en medio de la crisis económica que estamos atravesando: “La situación se complica porque esta tasa de seguridad fue pignorada por varios años por parte del gobernador, cuando ya se veía venir este tipo de decisiones por parte de la empresa”.

Alarcón se mostró de acuerdo con el planteamiento hecho desde varios sectores para que la empresa y la Gobernación del Atlántico traten de concertar una salida a la situación de acuerdo a la legalidad y la conveniencia para todas las partes.