El pasado 8 de enero de 2025 el agente interventor de AIR-E, Edwin Palma, dio a conocer “El informe diagnóstico de Gestión de la empresa” que es una radiografía demoledora del desgreño administrativo, financiero y operativo de AIR-E y su fracaso estrepitoso, al punto que sus directivos le entregaron la empresa a la Superintendencia de Servicios Públicos para que la interviniera. El 9 de enero de 2025 el ente de control profirió la respectiva Resolución por la que determinó que “la modalidad de la toma de posesión de la empresa AIR-E será con fines liquidatorios”.
El agente interventor Palma en declaraciones este jueves 23 de enero en Santa Marta afirmó que “se baraja la compra de la compañía por parte del gobierno nacional”, pero que también piensa “hacer una convocatoria pública para construir una solución empresarial”.
La Liga Nacional de Usuarios en la Costa Caribe desde el mes de septiembre de 2024 cuando fue intervenida la empresa eléctrica por la Superservicios, propuso que dicha intervención debía tener el carácter de liquidación por el desastre en que se convirtió la llegada de AIR-E para más de cinco millones de usuarios costeños, el saqueo de que fue víctima la región y las prebendas increíbles que obtuvieron sus socios del gobierno de Iván Duque. No tenía presentación que el gobierno invirtiera billones de pesos en la recuperación de AIR-E con recursos de los colombianos para devolvérsela a los encopetados inversionistas nacionales y de la banca panameña.
También estamos convencidos que la mejor solución es que el Gobierno Nacional mantenga a futuro el control y administración de AIR-E intervenida, porque es el único que tiene el músculo financiero para acometer las cuantiosas inversiones requeridas, la compra de energía, pago de proveedores y operarios que alcanzan sumas multimillonarias. Sería una forma de que la región Caribe sea resarcida por el abandono estatal de tantas décadas. Cuando se alcance una estabilización de la empresa, se podría avanzar a constituir una compañía pública de carácter regional con el concurso de las entidades territoriales y las regalías mineras.
Finalmente, se hace necesario que el gobierno, con el Ministerio de Minas y la CREG cumplan las medidas cautelares del Tribunal Administrativo del Atlántico para derogar el régimen tarifario especial contra los costeños y que esto se vea reflejado en una rebaja significativa de las tarifas, así como también que se cumpla con el pago de la opción tarifaria, tal como se comprometió el presidente Petro en mayo pasado.
Norman Alarcón Rodas, Coordinador Liga Nacional de Usuarios en la Costa Caribe
