Durante los últimos 2 años, se ha buscado que los generadores reduzcan los costos, corrigiendo un indexador que se aumentó artificialmente en más de un 40% en el año 2021 y 2022. Sin embargo, a la fecha solo 4 de 23 agentes ofrecieron alguna reducción. Aunque los ajustes propuestos por los generadores para este año ascienden a 4900 millones en el primer mes, lo que representa apenas un 2.9% del total de los contratos, el reciente aumento del 400% en el precio de la bolsa supone un costo adicional de 30 mil millones solo para agosto, dejando a los usuarios con una carga adicional, después de descuentos, de 25 mil millones.
Atlántico, Magdalena y La Guajira han sido gravemente afectados por el costo de la energía en bolsa, que pasó de 145 mil millones en todo el 2022 a 876 mil millones en 2023.
Para garantizar la continuidad del suministro de energía, hemos ajustado nuestra operación administrativa y financiera acorde con la suspensión de la limitación del suministro solicitada por alcaldes y gobernadores y la cual vence el 31 de agosto. En la reunión del 25 de julio en Bogotá, se acordó que esta medida tuviera una vigencia de seis meses. Hoy es aún más pertinente ante las amenazantes e inestables condiciones y mientras se corrige la fórmula tarifaria.
Si Air-e compra energía a los valores actuales de la bolsa o en el mercado de reventa, los usuarios no tendrán la capacidad de pagar estos onerosos precios, que superan su ya golpeado poder adquisitivo.
La negativa de las generadoras a vender a mercados con población vulnerables, percibidos como de “alto riesgo”, es un problema estructural. EPM fue la única empresa que adjudicó energía a precios justos para 2025 para disminuir la exposición en bolsa. A pesar de que Air-e ofrece garantías superiores a Celsia y Enel, no recibe ofertas de energía. Han obligado al mercado a acudir a la especulativa bolsa o al mercado de reventa de energía.
Air-e propone la creación de una comisión de alto nivel gubernamental para analizar y estudiar el funcionamiento del sector eléctrico, enfocándose en la distribución de ganancias, operación y el uso de los recursos económicos recogidos por generadores, transmisores, comercializadores y distribuidores. Air-e pondrá a disposición de esta comisión sus libros y registros financieros, con el objetivo de que el país tenga claridad sobre el destino de los fondos en el “negocio” de la energía. Es importante destacar que las empresas propietarias de Air-e no han recibido dividendos en cuatro años de operación; hemos esperado y seguiremos esperando hasta que se corrijan las anomalías que hoy afectan a los usuarios.
Air-e reitera su compromiso con la búsqueda de soluciones que beneficien a todos, pero, sobre todo, que protejan a los usuarios de la región Caribe, quienes merecen un servicio justo y asequible.
